El juicio por el ERE de Ryanair se hará el 10 de marzo en la Audiencia Nacional

La demanda interpuesta por los sindicatos de los tripulantes de cabina y pilotos de Ryanair contra la empresa para impugnar el ERE ya tiene fecha de juicio. Según han anunciado los mismos sindicatos, será el 10 de marzo en la Audiencia Nacional.

Los sindicatos decidieron recurrir a los tribunales porque consideran que el ERE, que también ha afectado a trabajadores del aeropuerto de Girona, ha sido «una auténtica coacción, fraude de ley e intento de engaño», además de un «claro ejemplo del incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe».

La demanda también engloba los cierres de bases en Canarias y creen que durante las negociaciones se han producido «múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación española» que «deben conducir a declarar la nulidad» de los despidos colectivos planteados.

En la demanda, los sindicatos alegan que la compañía no acreditó los motivos del ERE y que el expediente se basaba en las pérdidas que suponía el retraso en las entregas de los Boeing 737-MAX, la incertidumbre de un impacto del Brexit en los vuelos a Canarias y una bajada de demanda de los vuelos en Girona durante el invierno.

Aún así, USOC, Sitcpla y Sepla (los tres sindicatos demandantes) expone« que la estacionalidad en la terminal gerundense ha sido «una constante» desde que Ryanair abrió su base. Por otra parte, consideraban que la aerolínea tampoco ha podido demostrar el descenso en la demanda y facturación en las Islas Canarias.

Sobre el retraso de los nuevos aviones, creen que no se puede argumentar como una causa productiva para justificar el ERE. Más allá de la falta de motivos, los sindicatos sostienen que la compañía de vuelos de bajo coste ha tenido una «posición inmovilista» durante toda la negociación, ya que no ha realizado «propuestas de contenido negociador» y, además, se mostró «inflexible con la decisión de cerrar cuatro bases».

Coacción en Girona

En la demanda hay un apartado exclusivamente dedicado a las negociaciones con los trabajadores de la base gerundense. Los sindicatos lo consideran una «auténtica coacción», ya que ofrecieron a los trabajadores pasar a ser fijos discontinuos, a cambio de que los representantes sindicales aceptaran «el despido del resto de compañeros en términos de mínimos legales» o que estos aceptaran «limitadas plazas vacantes fuera de España que no están bloqueadas».

Esta es la situación que se acabó produciendo, ya que la compañía anunció que había una mayoría de personas que habían acordado cambiar el contrato.