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El fiscal pide ocho años de cárcel para empleados de Airbus por un piquete

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero


Sucedió el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero: un grupo de trabajadores de la factoría de la compañía Airbus en Getafe y varios antidisturbios se enfrentaron en un altercado que acabó con heridos, cargas policiales y tiros al aire.

El fiscal pide ahora ocho años de cárcel para ocho trabajadores presentes en aquel incidente, una pena inédita en España para sucesos similares y que Comisiones Obreras considera «predemocrática y desproporcionada». El sindicato asegura que la petición se basa en imputaciones falsas y el abogado de los trabajadores acusa al fiscal de elaborar un escrito de acusación indiscriminado y sin fundamento jurídico.

Rondaban las cinco de la mañana cuando varios grupos de trabajadores llegaron a las inmediaciones de la factoría. «Nos sorprendimos porque cuando llegamos ya había antidisturbios y es algo que no suele suceder. Su actitud fue muy agresiva desde el principio, nos llegaron a insultar y amenazar. Nunca había pasado algo así, normalmente había presencia policial pero la situación estaba controlada», asegura Antonio Martín Jurado, secretario general de la sección sindical Interempresas de EADS-AIRBUS Getafe.

Según Jurado, las cargas policiales comenzaron después de que un trabajador que quería entrar al centro se saltara el cordón policial y echara a correr hacia la entrada, donde ellos estaban. «Empezaron los forcejeos e inmediatamente la policía cargó. Llegaron a entrar dentro de la empresa», subraya. Varios vídeos reflejan los momentos de tensión que se vivieron a las puertas de la planta de Airbus.

En su escrito de acusación, al que ha accedido eldiario.es, el fiscal da una versión muy diferente de lo sucedido. Señala que los acusados, «actuando de común acuerdo, con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo, y pese a los intentos reiterados de los agentes de la autoridad de que depusieran su actitud, procedieron a intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos […], tirándoles petardos debajo de los coches, empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima o llegando incluso a agredirles».

El fiscal asegura también que los trabajadores insultaron a los agentes y «comenzaron a acorralarles» y agredirles «lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas», «llegando incluso a encerrarles a algunos de ellos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos».

En aquel momento no se produjeron identificaciones o detenciones. El entonces presidente del comité intercentros, José Alcázar, se identificó ante los agentes para mediar en el conflicto. Tras una reunión en la que también participaron el jefe del operativo y el jefe de seguridad de la empresa, la policía acordó retirarse y los representantes sindicales, disolver a los trabajadores.

Sin embargo, días después José Alcázar recibió una citación judicial como imputado en el altercado. Una vez en el juzgado, sus dos acompañantes, sindicalistas de Airbus, fueron también identificados e imputados por los mismos hechos. Días después, hasta once trabajadores más fueron imputados por el hecho de haber pasado por el botiquín de la empresa el día de la huelga general. Finalmente, seis de ellos fueron desimputados.

El abogado de los trabajadores acusados, Antonio García, critica con dureza el procedimiento y los argumentos del fiscal: «Los imputados posteriormente a los hechos lo son por su condición de heridos, es decir, que, si la policía les pegó, ya son considerados sujetos de delito», subraya.

Acusación indiscriminada

García denuncia que el escrito de acusación no diferencia entre los acusados, sino que se limita a hacer una «acusación indiscriminada», sin delimitar quién hizo qué. «No determina la condición de imputado de cada trabajador, sino que les considera culpables de todo a todos. Los acusados tiene derecho a saber con certeza de qué se les acusa y esto es una barbaridad jurídica que revela la voluntad del fiscal de condenar y reprimir», señala.

El escrito de acusación sí detalla las lesiones que sufrieron cada uno de los diez agentes a los que se refiere el fiscal y asegura que todos, excepto uno, reclaman indemnizaciones. «Fue una carga absolutamente desmesurada, repartieron palos como yo nunca he visto. Sí hubo gente que lanzó objetos y piedras y que trataron de cerrar la puerta, y así pillaron a un policía. Acabamos con más de veinte trabajadores heridos, algunos necesitaron puntos en la cabeza. Finalmente la policía se replegó», recuerda Antonio Martín Jurado.

«Nos remite a tiempos preconstitucionales y puramente franquistas, esto podría ser un escrito dirigido al Tribunal de Orden Público. Implica una sanción del derecho de huelga con una desproporción brutal. Estamos hartos de ver vulnerado el derecho de huelga y jamás se ha producido una condena penal. Sin embargo, sí la vemos en este caso. Por un lado, hay que decir que hubo gente que entró a trabajar aquel día y que efectivamente trabajó, por otro, que el derecho de huelga se protege en la Constitución e incluye el derecho de permanecer en la puerta de las instalaciones para hacer visible la protesta», asegura Antonio García.

El abogado prepara ahora el escrito de defensa en el que negará los hechos, pedirá como prueba unas grabaciones en las que se pueden ver las cargas policiales y solicitará la absolución de los trabajadores.

El fiscal solicita tres años y medio de cárcel y una multa de doce euros diarios durante ese periodo por un delito contra los derechos de los trabajadores, un año y nueve meses de prisión por un delito de atentado, y nueve meses por cada delito de lesiones. Por este último delito solicita también otra multa de doce euros al día durante ese periodo de tiempo.

CCOO cuestiona la instrucción judicial porque la considera encaminada «sólo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos».

eldiario.es se ha puesto en contacto con Airbus, que prefiere mantenerse al margen del proceso y no hacer valoraciones.

Texto: Ana Requena Aguilar / Publicado el 16-2-2014 en www.eldiario.es