Hace menos de un mes la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) afirmaba que la privatización de la gestión aeroportuaria podía esperar. Aportábamos una serie de razones que no figuran entre las que, según AENA, han motivado el retraso de la operación. Sea cual sea el motivo para la suspensión, nos congratulamos de que se abra un espacio para la reflexión pública de una medida, que supondrá un impacto trascendente en la actividad del transporte aéreo en España.
Según un comunicado de ALA, la cuestión sigue siendo la identificación y la asunción del nuevo modelo por todos los actores en el proceso productivo; el conocimiento preciso de sus reglas y de sus efectos, tanto operacionales como económicos, porque debemos insistir en que lo relevante no es la titularidad pública o privada de la gestión, sino la eficiencia resultante, en un ámbito en que las reglas del Mercado y de la Competencia, se desarrollarán mediatizadas por la condición de «monopolios naturales» de los aeropuertos.
Los próximos meses, que probablemente se prolonguen más de los tres que prevé AENA, deberán servir para reflexionar sobre los beneficios de la oportunidad privatizadora y de sus costes. La Asociación de Líneas Aéreas aboga por que tales reflexiones estén abiertas a todos, en el camino de la transparencia que invoca la Comisión Europea en su Directiva 2009/12/CE. Hasta ahora los agentes económicos que soportan la actividad de los aeropuertos, eslabones esenciales en la cadena de valor del transporte aéreo, han sido «tutelados» por los gestores políticos y técnicos, y en esa «tutela» no ha cabido la integración de los intereses de todos, sino que ha prevalecido un interés superior desconocido a veces por inexplicado.
ALA defiende una trasposición fiel del espíritu y de los contenidos normativos de la Comisión Europea, por lo que se refiere a los criterios de equivalencia entre el coste de los servicios y el precio a pagar por ellos. Si se busca eficiencia, la privatización deberá dar lugar a la reducción de los costes y con ello de los precios; de lo contrario estaríamos hablando de nuevos impuestos con nombres diferentes.
Abogamos por el rigor de las inversiones y de las prioridades en las infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea, de manera que su retorno económico no deje lugar a dudas, mientras sean amortizadas por las compañías aéreas y sus clientes. Consideramos que cualquier beneficio obtenido de la privatización debe aplicarse a la reducción de la deuda de Aena y a la amortización de sus inversiones, ya que el origen del beneficio obtenido son las tasas pagadas por las compañías aéreas y sus clientes, y no por los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre en otras actividades económicas, incluidos otros modos de transporte como el ferroviario.
La Autoridad Estatal de Supervisión de Tarifas Aeroportuarias tiene un camino por recorrer durante estos meses, para aclarar a todos su función de arbitraje, los límites de actuación de unos y otros, y la concurrencia necesaria de sus respectivas aspiraciones. Una función que evite planes de negocio «a la expectativa» para convertirlos en planes fundados a largo plazo.
Así pues, estamos dispuestos para cualquier convocatoria, cualquier foro, cualquier oportunidad que nos permita defender nuestras posiciones, entender las ajenas y consensuar las de todos.
