Hoy a las 9:30 horas se inicia en los Juzgados de Getafe (Madrid), el juicio contra los 8 sindicalistas de Airbus, para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel (8 años y tres meses para cada uno), por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero que abarató el despido, extendió la temporalidad e impulsó otros recortes sociales.
Hoy está previsto que comience en el juzgado penal número 3 de Lleida el juicio contra dos técnicos de mantenimiento de aeronaves acusados de cada uno de cuatro delitos de homicidio por imprudencia.
La defensa de los ocho trabajadores del grupo aeronáutico Airbus -acusados de atentado, lesiones y coacciones durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010-, la Fiscalía y el juez encargado del caso se reunieron ayer para intentar llegar a un acuerdo que evite el juicio.
El juicio por los ruidos de la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que debía haber comenzado ayer martes en el juzgado penal 6 de Barcelona, se ha aplazado hasta hoy a la espera de un posible acuerdo con tres de las cuatro partes de la acusación particular y que, según el abogado de Aena, Rafael Entrena, estaría en una «fase muy avanzada».
Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero
Fallecieron los cuatro ocupantes de un avión del Aeroclub que chocó contra una grúa ilegal
El juicio que debía celebrarse contra los cuatro acusados por el accidente de un avión del Aeroclub Barcelona Sabadell, en Sant Quirze del Vallès, al impactar contra una grúa, se ha resuelto esta semana con una sentencia de conformidad entre los acusados y la Fiscalía, lo cual ha hecho innecesaria la vista oral. En el siniestro, ocurrido el 24 de octubre de 2005, perdieron la vida los cuatro ocupantes del avión.
Ayer quedó visto para sentencia en un juzgado de primera instancia de Barcelona el juicio civil contra los responsables de la escuela de pilotos Top Fly, que cerró en junio de 2011 dejando a 89 alumnos con la formación en distintas fases de realización. En las concluisiones finales, la fiscalía se ha adherido a las tesis de bogado de los demandantes, que solicitan la devolución del dinero que habían pagado y que en total supera los 4 millones de euros.
